Resumen: La Sala estima el recurso interpuesto contra la medida que amplia la exigencia de certificado Covid digital. Alegado incumplimiento de los trámites de aprobación de las disposiciones generales, la Sala considera que si la Ley General de Sanidad habilita a las autoridades sanitarias competentes para adoptar las medidas en él contempladas sin necesidad de la instrucción previa de un procedimiento administrativo cuando resulten necesarias para la protección de la salud, no será necesario tampoco para disposiciones generales, máxime su carácter provisional y urgente. Respecto a la regulación de materias reservadas a la ley, es a la Administración autonómica a la que compete garantizar la tutela general de la salud pública a través de medidas preventivas, de promoción de la salud y de prestaciones sanitarias individuales teniendo cobertura en las diversas leyes reguladoras de la salud pública, descartando se vulnere con esta medida derechos fundamentales. Respecto de la eficacia de la prolongación, en este caso obran dos informes elaborados por organismos de dos Administraciones públicas que, en gran medida, son contradictorios, optando el Tribunal por seguir las conclusiones de la ponencia del Ministerio de Sanidad antes que la autonómica y concluye que hay más argumentos en contra que a favor de la ampliación de la medida.
Resumen: El procedimiento trae causa de una demanda de conflicto colectivo por modificación sustancial de condiciones de trabajo (circulares que modifican temporal y excepcionalmente el régimen de jornada y horario, pactado en la mesa de negociación para personal laboral y funcionarial con base a la emergencia COVID). La jurisdicción social no es competente para conocer de la impugnación de las actuaciones administrativas, que afecten indistintamente al personal laboral, funcionarial o estatutario, salvo aquellas referidas a la prevención de riesgos laborales. En estos casos la competencia la ostentará la jurisdicción contencioso-administrativa. Por el contrario (STS 7/4/2022, rec. 52/2021) la competencia será del orden jurisdiccional social en supuestos que afecten únicamente al personal laboral.
